Muchos acusados de delitos son personas de bajos recursos económicos, lo que significa que no pueden pagar un abogado. Según la Ley Nº 19.718 crea la Defensoría Penal Pública de Chile, el estado no puede procesar legalmente a los acusados que no poseen recursos para pagar un abogado, a menos que se les proporcione un defensor penal público.
Los defensores públicos son abogados con licencia completa cuyo trabajo es representar a los acusados en casos penales. Debido a que suelen comparecer en los mismos tribunales a diario, los defensores públicos pueden adquirir mucha experiencia en poco tiempo.
El gobierno paga por los defensores públicos, al igual que lo hace por los jueces, fiscales, policías y personal judicial.
¿Quién tiene derecho a un defensor penal público?
Si eres acusado de un delito y no cuentas con abogado, tienes derecho a contar con un defensor que te será proporcionado por el Estado, a través de la Defensoría Penal Pública. La Ley Nº 19.718, en su artículo 36 dice: “La defensa penal pública será siempre gratuita”. Sin tomar en cuenta que tengas antecedentes penales.
No obstante, si cuentas con recursos suficientes, y deseas ser atendido por la Defensoría, deberás cancelar por este servicio. En caso contrario, éste será gratuito.
Es común ver a los acusados temer que un defensor penal público no les sea leal, y que no esté «de mi lado». Esto se debe a que los defensores públicos trabajan muy de cerca con los jueces y fiscales; y los defendidos piensan que actuarán en consonancia para mantenerse amigables con el grupo. Sin embargo, rara vez se justifican esos temores.
El hecho de que el defensor penal público reciba un sueldo de la misma fuente que el fiscal y el juez, no significa que este deba ganarse el favor de ellos, porque ni el juez del caso, ni el fiscal toman decisiones de contratar al abogado.
Un buen defensor público puede mantener relaciones cordiales con los jueces y fiscales mientras representa enérgicamente los intereses de sus clientes. Además, la mayoría de los abogados privados, también tienen contactos regulares con jueces y fiscales.
Además, tener un defensor penal público que conozca los entresijos de ese tribunal específico y los diversos actores de la justicia penal puede ser ventajoso para que te represente.
¿Cómo hacer el trámite de asignación de un defensor penal público?
Para iniciar el trámite de asignación de un defensor penal público, no necesitas ninguna documentación especial. El simple hecho de ser imputado/a por un delito te da derecho a solicitar este servicio.
El abogado/a te será asignado antes de la primera audiencia, y tendrás derecho a una entrevista previa, donde podrás conversar acerca de los hechos que te llevaron a la situación actual.
Es importante destacar que, si el resultado del análisis socioeconómico determina que cuentas con recursos suficientes, tendrás que pagar por el servicio. A excepción de los jóvenes entre 14 y 18 años de edad, quienes no pagan la defensa, independiente de la situación económica de sus padres o sostenedores.
¿Puedo elegir a mi defensor público?
No. Un acusado no puede elegir un defensor público. Un juez normalmente designa a la oficina de la Defensoría Penal Pública (DPP) para que represente a los acusados. El imputado deberá proporcionar información sobre sus recursos financieros y obligaciones bajo juramento.
¿Cuál es la diferencia entre un defensor público y uno licitado?
Al momento de prestar servicios de defensa penal no existe ninguna diferencia. La única diferencia entre los dos tipos de defensores es la relación de éstos con el Estado, pues mientras los defensores públicos son funcionarios públicos y se rigen por el Estatuto Administrativo, los defensores licitados son entes privados que prestan servicios para el Estado y se regulan por las normas laborales y civiles.